El secretario del sector de Sanidad de UGT en Cantabria, José Manuel Castillo, defiende «el derecho de estos profesionales a poder trabajar en España y en nuestra comunidad ya que se han formado en nuestro sistema de salud y compitieron en una prueba MIR para acceder a las plazas que ahora ocupan». En definitiva, continúa, «hemos defendido su derecho a no ser discriminados por su condición de extracomunitarios, porque deben de ser tratados como cualquier otro médico residente». A juicio de Castillo, «desde el Ministerio de Sanidad se ha pretendido discriminar a un colectivo profesional grande hoy en día en España y que además es necesario por la falta de médicos».
La consejera de Sanidad, María Luisa Real, confía en que el cambio legislativo en ciernes contribuya a paliar el déficit de facultativos, que se agravará con las próximas tandas de jubilaciones, sobre todo en Atención Primaria. «El objetivo es permitir que los médicos que han estado formándose en Cantabria, que han estado atendiendo a nuestros ciudadanos y a los que hemos estado pagando su formación, puedan trabajar en nuestro servicio de salud, que no cuenta con un número suficiente de profesionales para cubrir todas sus necesidades», declara. Desde la Consejería cifran en más de nueve millones de euros (9.007.416,70 para ser exactos) el coste de la formación del personal MIR extracomunitario en Cantabria entre 2011 y 2015. «Es dinero que pierde el sistema si no nos contrata, resulta que lo invierte en nuestra formación pero no nos dan la oportunidad de ejercer la profesión», exponen los afectados.
