Ana Francés, secretaria de Salud de UGT Servicios Públicos, insta a las administraciones a implementar medidas urgentes para combatir el incremento de agresiones en la sanidad española
La propuesta de reformar la protección al personal sanitario y no sanitario, reconociéndole el “carácter de autoridad pública”, dentro del propio Estatuto Marco es una propuesta acertada, que la propia UGT planteó a la anterior ministra de Sanidad, Carolina Darias, para incluirla en la negociación del Estatuto Marco.
Según datos recogidos por UGT Servicios Públicos, en una encuesta a profesionales del SAS, sólo el 14% de los agredidos llega a interponer denuncia. Estos datos, que bien se podrían extrapolar al resto del SNS, es especialmente importante pues, según los datos del informe que publicó el Ministerio en 2024 sobre Agresiones a los profesionales del sector sanitario, el 30% de los agresores son reincidentes.
UGT pide formación e información a los profesionales para que denuncien.
La implicación de las todas las Administraciones Públicas y de la ciudanía es clave para reducir el número de agresiones, las cuales tienen un coste social y material importante en la sociedad.
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