| Tribuna libre de José María Fernández, secretario de Sanidad de UGT en Cantabria |
TRIBUNA LIBRE DE JOSE MARIA FERNANDEZ COBO. secretario de Sanidad de UGT en Cantabria
Es incuestionable que la pandemia del Covid-19 ha reflejado como nunca el reconocimiento social a los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario, plasmado cada día desde el inicio del Estado de Alarma con unos aplausos a las 20 horas en todos los rincones de España, que cesaron hace unos días pero que pasarán a la historia como muestra de agradecimiento público a una labor profesional que ahora se ve más imprescindible que antes, aunque siempre lo ha sido.
Ahora bien, ya es paradójico que esta muestra de reconocimiento social al innegable sacrificio y profesionalidad de todo el personal sanitario durante esta dura e inédita crisis sanitaria, no coincida con un verdadero reconocimiento institucional de las administraciones públicas competentes al derecho que tienen estos trabajadores a la jubilación anticipada desde que en 2011 se estipuló por un real decreto esa posibilidad para todos aquellos trabajos penosos, peligrosos, tóxicos e insalubres.
No es, por tanto, un derecho legal reciente sino más bien un reconocimiento legal que se ha quedado por ahora en papel mojado por la inacción de las instituciones y su resistencia a poner en marcha un proceso que implica primero establecer unos coeficientes reductores para la pensión de jubilación para que después los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario puedan anticipar su retiro (siempre con cinco o seis años antes de la edad ordinaria de jubilación como límite).
En otras actividades profesionales en similar situación, como con los policías locales por poner un ejemplo, ya se ha avanzado en el mismo proceso y es una realidad; en otros sectores de las propias administraciones públicas también lo es pero en el sanitario todavía no.
No es creíble que esta nula respuesta de las administraciones públicas al derecho legal a la jubilación anticipada de los trabajadores del sector sanitario ponga como excusa que no se ajustan a los requisitos de una profesión penosa, peligrosa, tóxica e insalubre. Ni que decir tiene, se ajusta más que cualquier otra y, si alguien lo cuestionaba, la pandemia del Covid-19 ha terminado por disipar cualquier duda.
Más de 50.000 sanitarios se han visto contagiados en España por el virus y casi un centenar de ellos ha fallecido por ello. Sobran las palabras sobre el riesgo que supone para su salud el simple e importante hecho de realizar el trabajo diario para el que se formaron y por el que dan todo lo que tienen.
A nadie extraña que los trabajadores y trabajadoras del sector sanitario estén constantemente expuestos a sustancias tan peligrosas o tóxicas como nocivas para la salud; desde las citostáticas o citotóxicas que matan células, a los gases amnestésicos, pasando por agentes biológicos de todo tipo.
Además, por la propia organización de su trabajo, el personal sanitario tiene unos altos índices de turnicidad (cambios de turno frecuentes), nocturnidad y las ineludibles guardias, que según los expertos son algunos de los principales factores de los denominados riesgos psicosociales para la salud.
A ello se une una actividad profesional de por sí exigente, con unos requerimientos psicofísicos que se hacen muy gravosos a partir de una determinada edad avanzada, lo que se confirma con un simple vistazo a la actividad diaria de los servicios de urgencias, la atención primaria, la Unidad de Cuidados Intensivos o la de un quirófano.
No es por falta de motivos. La aún pendiente jubilación anticipada de la plantilla del Servicio Cántabro de Salud o de cualquier otro organismo de la sanidad pública en España, sólo responde a una apatía institucional y política que debería sonrojar a más de uno.
Cualquier trabajador o trabajadora de la sanidad en este país siente orgullo y se ha emocionado como nunca con ese reconocimiento social compartido con otros profesionales de las denominadas actividades esenciales durante el Estado de Alarma, agradece esos aplausos imborrables en su memoria pero en su fuero interno no podrá aceptar que los que gestionan lo público ignoren con tanto descaro un derecho que a determinadas edades se convierte en una necesidad.
Desde 2011, cuando un real decreto gubernamental introdujo en la Ley de la Seguridad Social de 1995 la posibilidad legal de la jubilación anticipada en los trabajos especialmente penosos o peligrosos, ha pasado ya mucho tiempo y no parece que desde las administraciones públicas competentes en la sanidad exista voluntad e iniciativa por acometerlo.
Y no será porque no se les haya recordado. UGT ya lo ha hecho en infinidad de ocasiones, lo planteó de manera formal en 2019 para todos los trabajadores del sector y ha vuelto a insistir en ello en una mesa de negociación sectorial estatal el pasado mes de febrero, aunque esta reivindicación ya es habitual en el sindicato en todos los foros de negociación autonómicos vinculados a la sanidad.
Muchos han sido los dirigentes políticos y gubernamentales que han elogiado la inestimable labor de los profesionales de sus sistemas públicos de salud pero pocos, por no decir ninguno, ha aludido a un derecho a la jubilación anticipada tan necesario como urgente. Menos elogios y más hechos.
